Neuquén. Reclaman a Tribunal Oral Federal que no restrinja labor de la prensa

El Sindicato de Prensa de Neuquén reclamó al Tribunal Oral Federal de esa provincia que se revoquen las restricciones a la prensa durante el juicio a celebrarse en Neuquén en la causa “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/delitos contra la libertad y otros”

El SPN fundamentó el reclamo en la necesidad de reconocer el papel de intermediario natural que desempeñan los medios de comunicación entre la noticia y los que no están en condiciones de conocerla directamente, y que se acrecienta en acontecimientos que por su entidad pueden afectar a todos, alcanzando por ello una especial resonancia en el cuerpo social.

Con el asesoramiento del doctor Damián Loreti, el gremio de prensa neuquino señaló en su presentación que el gran aliado de las garantías de un proceso justo lo da una prensa fuerte y libre.

Entendemos que adoptar las mismas condiciones en las que se realizó el juicio por el asesinato del soldado Omar Carrasco es desconocer el rol fundamental que realizaron los medios de comunicación en otros procesos judiciales que afectaron a la sociedad, tan ávida de justicia, dijo el Sindicato de Prensa

La argumentación expresa también que, por sobre el honor de los imputados – un derecho que no siempre es vulnerado por la difusión periodística y que está garantizado por la Constitución – está la República. Y ante la eventual colisión de valores, predomina el acceso a la información, difusión y control de toda gestión gubernamental.

La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa hizo público su respaldo solidario al gremio y trabajadores de prensa de Neuquén. Apuntó la organización que “la imagen en vivo y en directo del juicio por el asesinato de María Soledad Morales en Catamarca, enriqueció notablemente el contenido del mensaje que se dirigió a la teleaudiencia para la formación de una opinión pública. Los medios de comunicación social fueron, en esa época, un antiséptico eficaz contra los excesos en la aplicación de las leyes y frente a posibles abusos del poder judicial”.

Otro testimonio interesante lo dio la Corte Suprema de la Provincia de Mendoza, en virtud de la queja presentada por una periodista a la que negaban el acceso a la sala cuarta del crimen, que entendía un caso de torturas aplicadas por un policía, aduciéndole que no se encontraba en receso. En los fundamentos, el fallo del máximo Tribunal destaca que “tratándose de un proceso por torturas, pudo resultar implicada, eventualmente, la responsabilidad del Estado, por lo que el control del público – en este caso a través de la prensa – se hacía aún más necesario”

Afirma también el Sindicato de Prensa que “la publicidad de este juicio -sin las estrictas restricciones impuestas a la prensa por la Resolución que hoy pedimos sea revisada- , es necesaria y esperada por la sociedad de la región, desde hace 32 años”.

También lo fueron el de Etchecolatz, el de Von Wernich y por estos días, el de Benjamín Menéndez, que tuvieron amplia difusión nacional e internacional - con transmisiones en directo - sin que ello haya constituido una violación al debido proceso, ni se vieran afectadas las garantías de los imputados.

La presentación dirigida al titular del Tribunal Oral Federal de Neuquén doctor Orlando Coscia, destaca asimismo que el propio presidente de la Cámara Federal de la Plata, doctor Leopoldo Schiffrin señaló que “lo que no está en los medios, no está en el foro público. Un juez que no administra justicia adelante del público, no administra justicia”. Categórico también fue el juez Carlos Rozansky al sostener que “la difusión no es opcional: es una obligación constitucional. Los pueblos que no son capaces de leer sus crímenes en los periódicos están condenados a leerlos en sus libros de Historia”

Con estos argumentos, el SPN solicitó al Tribunal Oral una audiencia para definir la habilitación de una sala de prensa y la coordinación de cuestiones instrumentales relacionadas con el espacio físico, la cantidad de acreditaciones, junto con el ingreso y egreso de la prensa de la sala de audiencias, que pueden subsanarse como en el juicio por el asesinato del docente Carlos Fuentealba, garantizando así el derecho a la información de la ciudadanía.