Ley de radiodifusión en Argentina. Una asignatura pendiente.

Cuando hablamos de democracia, la libertad de expresión es lo primero que se nos viene a la mente, sobre todo después de una dictadura tan atroz como la que culmino en 1983.

Por eso, quizás se hace más evidente que la ley de radiodifusión de la dictadura no puede seguir vigente.

Se debe lograr de una vez por todas aunar criterios para aprobar un marco legal que involucre a todos los actores que interactúan en la comunicación social.

La realidad que se ha ido transformando con el advenimiento de la democracia y las sucesivas crisis económicas en el ámbito de los medios de comunicación tiene que estar contemplado en la nueva ley de Radiodifusión.

No se puede soslayar la importancia que tienen hoy la Radios Comunitarias o FM que permitieron a muchos encontrar una salida laboral ante el cierre de muchas AM a lo largo y lo ancho del país.

Profesionales de las radios y televisoras se convirtieron de a poco en productores ejecutivos de sus propios programas y debieron pagar para trabajar.

Con el paso del tiempo encontraron que de a poco podían convertirse en realizadores de sus propios proyectos y que estos no solo podían ayudar a sobrevivir sino convertirse en PyMES con proyectos de crecimiento.

El fuerte deterioro que sufrieron las profesiones de locutores, periodistas y operadores en los últimos años aún siguen vigentes y sin una ley que contemple sus actividades obligando a las empresas a cumplir con requisitos mínimos llevan a que cualquier “pseudos-empresario” o político devenido en “comunicador social”, se haga cargo de una emisora y obligue a trabajar a los profesionales con sueldos magros, sin cobertura social, sin paritarias y con horarios y turnos su antojo.

Hoy se conocen situaciones que muchos de nosotros no hubiéramos aceptado de ninguna manera, pero la necesidad de trabajar lleva a muchos a aceptar condiciones indignas para desarrollar una labor tan importante.

Este marco legal que se solicita no es nada menos que regular la actividad de los comunicadores sociales y su ámbito laboral para desarrollar una actividad de forma profesional y con los resguardos que todo trabajador necesita.

Esperemos que nuestros legisladores se pongan de acuerdo y que los comunicadores sociales sepamos defender nuestra profesiòn.